Los primeros internos serán trasladados desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde se encuentran unas 1.600 personas privadas de libertad, de los cuales el 25% cuenta con condena.

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El traslado será de manera gradual, por grupos de 50 personas, hasta llegar a un total de 500 internos, en una primera etapa, según el plan del Ministerio de Justicia.

El nuevo Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue habilitado semanas atrás y cuenta con capacidad para albergar a 1.237 personas, incluyendo un área de máxima seguridad. En este nuevo establecimiento, apuntan a priorizar la capacitación de los internos en formación laboral, a fin de estimular su reinserción social.

El requisito establecido para escoger a las personas que serán trasladadas hasta ese sitio es que las mismas cuenten con condenas firmes.

El Estado paraguayo estará cumpliendo con normativas internacionales que establecen que las personas privadas de libertad procesadas y condenadas deben estar apartadas entre sí.

Un nuevo caso de agresión a un inspector de la Patrulla Caminera se registró este lunes durante un control de rutina sobre la Ruta Departamental 025, conocida comúnmente como Autopista Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque.

El protagonista de este episodio de violencia fue un joven conductor, quien iba al mando de una camioneta de la marca Ford modelo Ranger de color negro, con chapa WFAO 702.

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Una filmación realizada desde el teléfono de una de los intervinientes muestra la negativa de este automovilista a someterse al control de la Caminera, evitando en todo momento exhibir sus documentaciones a los inspectores a cargo del procedimiento.

Según comentó a Radio Ñanduti la jefa de Relaciones Públicas de la institución, Patricia Ferreira, los inspectores sorprendieron al conductor realizando un adelantamiento indebido por la banquina, por lo que procedieron a demorarlo para aplicar la multa correspondiente. “En ningún momento cooperó con la intervención”.

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La situación llegó al extremo de la agresión física, lo cual puede evidenciarse en el video donde se observa al joven empujando a uno de los agentes de la Caminera, a quien previamente había rozado con su camioneta, poniendo en riesgo su integridad.

“Ante la solicitud de un inspector, el conductor tiene la obligación de exhibir las documentaciones”, enfatizó Ferreira, recordando que esta exigencia rige para todos los automovilistas y que se encuentra contemplada en el Art. 55 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“Ell Ministerio Público debe activar sus mecanismos legales porque es un caso grave, por el tema de los agentes desleales, los casos de corrupción interna, porque hace dos años ya de la denuncia”, dijo el jefe antidrogas a la 730 AM.

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Subrayó que la denuncia en cuestión contempla, además de las filtraciones, enriquecimientos ilícitos de funcionarios de la Secretaría que fueron denunciados, pero cuyos procesos no se ejecutaron.

Vehículos de alta gama, fastuosa residencia y bienes que no se corresponden con uno de los agentes denunciados, siguen en carpeta del Ministerio Público. El detalle que desató la polémica es que el mismo continúa siendo funcionario activo, en razón de que, al no ser condenado, debe seguir en funciones activas.

La semana pasada estalló el informe sobre filtraciones que se dieron durante el gobierno anterior, en la oficina antidrogas. Los datos, al decir del informe fiscal, se proveyeron desde la Senad a esquemas ligados la organización liderada por Miguel Ángel Tío Rico Insfrán, en sociedad con Sebastián Marset. El episodio se enmarca dentro de la pesquisa referente al operativo A Ultranza Paraguay, que desmontó una agrupación narco dedicada al tráfico masivo de cocaína a Europa.

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